Elentir: ¿Os imagináis una manifestación en plena calle pidiendo que los judíos sean recluidos en campos de concentración, o exigiendo la legalización del maltrato a la mujer, o la prohibición de la lengua catalana? Pues bien: este mediodía recorría las calles de Vigo una micromanifestación escoltada por la Policía y formada por unas docenas de radicales independentistas que coreaban consignas como “puta España, puta Madrid” o “español fuera de Galicia”. …sigue leyendo
¿Sale barato delinquir en España como ha dicho Esperanza Aguirre?. Pues claro que sí. No lo duda nadie, creo yo, y menos los delincuentes. Veamos un rápido repaso y actualización de las condenas por delitos de sangre, especialmente terroristas. Francia:
Existe prisión perpetua. Los condenados a perpetuidad tienen derecho a solicitar la prisión condicional (podrían volver a entrar) cuando haya transcurrido el llamado tiempo de seguridad mínimo que establece cada sentencia. …sigue leyendo
Si un violador reincidente pide que se investigue la actitud «sospechosa» de su última víctima y consigue, además, que el escándalo se traslade a ella, la salud del Estado de derecho tiene un evidente problema. De discernimiento, de defensa de sus pilares, de reparto de culpas entre delincuentes y víctimas, de lastimosa manipulación de la justicia. …sigue leyendo
Seguro que os acordáis del juez de menores de Granada, Emilio Calatayud conocido por sus sentencias ejemplares y aquel famoso vídeo. Pues ha publicado un libro titulado “Reflexiones de un juez de menores” (Dauro) en el que inserta este “Decálogo para formar un delincuente”: 1. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. 2. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer cosas más graciosas. 3. No le regañe ni diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. 4. Recoja todo lo que el deja tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. 5. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de que su mente esté llena de basura. 6. No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. 7. Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así a él no le dolerá demasiado el dia en que su familia, quizá por su propia conducta, quede destrozada para siempre. 8. Dale todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer del mismo es necesario trabajar. 9. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comidas y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustaciones. 10. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo. Pincha aquí para ver el famoso vídeo. No os perdais los 5 primeros minutos
Pocos personajes de la vida pública española son tan controvertidos como Baltasar Garzón. Un juez cuestionado por sus procedimientos, académicamente mediocre y doctrinalmente irrelevante que, sin embargo, ha conseguido catapultarse al estrellato convirtiendo la Justicia en un espectáculo al servicio de una indisimulada vanidad. El periodista y escritor José Díaz Herrera ha publicado Garzón: juez o parte, de José Díaz Herrera (La Esfera de los Libros), una biografía no autorizada del juez. Lee un amplio resumen del libro en Garzón: héroe o villano
Extracto del capítulo XIX: “El Juicio de las Torres Gemelas”
“[...] En el momento en que ocurrió el «mayor atentado de la historia de la humanidad» tenía que intervenir en un programa de televisión para hablar sobre la Corte Penal Internacional, pero no pudo hacerlo. Ese día se dio cuenta de que poco más de una docena de terroristas podían cambiar el mundo. «Al observar la magnitud de la catástrofe se me puso un nudo en la garganta que todavía no se me ha deshecho», ha dejado por escrito para la posteridad. A su vuelta a Madrid, moviéndose como siempre a golpe de opinión pública y de los réditos personales que ésta pudiera procurarle, se obsesionó en buscar la conexión española de la red terrorista.” Sigue leyendo el Adelanto editorial del capítulo XIX
Para oir o descargarte la interesantísima entrevista al autor en La mañana pincha aquí
(Libertad digital) La Confederación Española de Policía (CEP), ante lo que se ha calificado como “Batalla Campal” durante el desalojo del poblado de la Cañada Real de Madrid, ha querido matizar lo siguiente: 1º.- A primera hora de la mañana los grupos organizados han introducido a varias mujeres, una de ellas embarazada, así como a menores en el interior de la construcción ilegal que se iba a derribar, para de esa forma evitar el cumplimiento de la orden de desalojo. 2º.- Posteriormente, la Policía ha sufrido un ataque masivo y simultáneo llevado a cabo por decenas de jóvenes, principalmente marroquíes con la cara cubierta, que han arrojado piedras, botellas, bombonas de butano. Los varones más violentos han llegado a romper sillas sobre los cascos de agentes de la Policía local. También se ha visto en varias ocasiones a menores provistos de armas blancas lanzando piedras sobre los funcionarios. 3º.-Después del ataque organizado contra las Fuerzas de Seguridad por parte de los grupos organizados, ha habido un saldo inicial de 16 policías de las Unidades de Intervención Policial heridos y dados de baja para el servicio. 4º.-Tres marroquíes detenidos por el intento de robo del arma de fuego reglamentaria (pistola) de un agente de la Policía Local de Madrid que intervenía en los hechos. 5º.- Un agente del Cuerpo Nacional de Policía con la mandíbula rota en estado grave, que está siendo operado de urgencia en el hospital Monte-Príncipe. 6ª.- El pasado día 9 de Octubre de 2007, el Ayuntamiento de Madrid derribó 40 chabolas lo que obligó a desalojar a las familias que vivían en ellas, casi todas de nacionalidad marroquí. Los afectados se quejaron entonces, no por la destrucción de las viviendas en sí, sino porque todo sucedió días antes de que se terminase el Ramadán, trasladando este problema en un problema de índole religioso. Este Jueves, 18 de Octubre, unidades del Cuerpo Nacional de Policía (UIPs) se han personado en dicho poblado al objeto de proteger a los funcionarios municipales que comenzaban el derribo del resto de chabolas del poblado y han sido recibidos con agresiones múltiples organizadas por parte de centenares de marroquíes y rumanos de etnia gitana. A los policías se les ha tirado Bombonas de butano, tejas y piedras que se han convertido por unos momentos en verdaderas armas de guerra que los marroquíes y rumanos lanzaban contra la policía desde cualquier punto del poblado. Cientos de menores de edad provistos de armas blancas, acompañados los mayores con palos, piedras, botellas y mujeres agarrando a los funcionarios policiales.
Desde CEP 1º.- Acusamos a la comunidad marroquí que habitaba esta barriada ilegal de haber querido convertir la acción de la administración pública española en un asunto de índole religioso. 2º.- Apoyamos la intervención policial en todo el desarrollo de la misma, apoyando sin fisura las cargas policiales como proporcionadas y perfectamente ajustadas a derecho así como al buen hacer de las Unidades de Intervención Policial. 3º.- Acusamos de deslealtad con la administración pública a cualquier organización gubernamental o no gubernamental que critique la acción de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Ceuta y Melilla nunca fueron marroquíes La escalada de protestas y amenazas con que el Gobierno marroquí y la prensa vecina están respondiendo a la visita prevista por los Reyes a Ceuta y Melilla parte de una falacia fundamental: el cuestionamiento de la españolidad de nuestras ciudades autónomas. Ceuta y Melilla son parte de España varios siglos antes de que Marruecos se constituyera como Estado en 1956. Ceuta es española al menos desde su retrocesión por Portugal en el Tratado de Lisboa de 1668 y Melilla desde 1497. La soberanía española de Ceuta y Melilla es indiscutible e innegociable, por más que Marruecos haya hecho de la reivindicación de ambas plazas un dosificador de tensión, bien para encarar las negociaciones sobre pesca, inmigración o lucha contra el narcotráfico; bien para condicionar nuestra tradicional neutralidad en el conflicto del Sáhara; o bien para solventar situaciones internas de crisis con alharacas patrióticas de corte expansionista en torno a -según ellos- sus territorios «ocupados».
La ‘Marcha Verde’ fue una invasión La coincidencia entre la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla y el 32º aniversario de la Marcha Verde sobre el Sáhara ha sido valorada por Marruecos como una prueba de la «intencionalidad provocativa» del viaje. El aniversario de la Marcha Verde podría constituir en todo caso un agravio para España, dado que fue Marruecos quien invadió nuestra ex colonia. Marruecos convierte la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en una ofensa nacional para nutrir sus anhelos anexionistas. Es intolerable que el Parlamento marroquí convoque y aliente protestas frente a nuestra embajada en Rabat; o que se llame al boicot de productos españoles; o que un diputado islamista haya animado a hacer otra Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla.
En España los jueces son independientes El Reino alauí considera una «provocación» el trato dispensado a los chabolistas marroquíes de la Cañada Real en Madrid. Tal vez ha sido el propio Gobierno español quien ha confundido a Rabat, al culpar a la administración del PP de los disturbios entre la policía y los vecinos. Marruecos debe tener claro que el desalojo fue decretado en un auto judicial, que en España los magistrados son independientes y que, en definitiva, este asunto no puede formar parte de la política bilateral. El régimen de Rabat está muy molesto también por la iniciativa de Garzón de declararse competente para investigar a dignatarios marroquíes por un supuesto genocidio en el Sáhara. Más allá del afán de protagonismo del juez, Garzón sólo ha podido moverse dentro los márgenes del Derecho Internacional.
Más de 140 personas, entre las que se encuentran escritores, sindicalistas, periodistas y estudiantes, firmaron un manifesto de solidaridad con Batasuna tras el cambio de Garzón.
Stop a la represión
Libertad paratod@s l@s detenid@s
1- La detención de docenas de líderes y responsables políticos de la iaquierda abertzale realizada por el Estado español es una declaración de guerra contra cualquier solución política a un conflicto de índole política. [...] 3- Todo o que está a acontecer estava prognosticado e publicado por diversos meios de comunicaçom. Fai parte de umha estratégia inalterável no tempo, seguida polos diferentes governos espanhóis que desde a Transiçom ocupárom o Palácio da Moncloa. Porém, a repressom policial e judicial nom é o caminho nem a soluçom. 4- A medio año de las elecciones, el PSOE, siguiendo una lógica electoralista, apuesta aún más por el endurecimiento de su discurso centralista y negador de los derechos colectivos de los pueblos, para competir con el discurso filo-fascista del PP de Acebes, Zaplana, Aznar y Rajói.
Pincha aquí para ver los nombres de los firmantes.
A José Rodríguez Salvador, más conocido como el violador del Valle de Hebrón, cada una de las 16 violaciones por las que fue condenado -fue juzgado por 40 pero se cree que cometió más- le va a salir por apenas un año de cárcel. La Audiencia de Barcelona ha rechazado de nuevo el recurso de la Fiscalía para evitar su puesta en libertad el próximo sábado. La Fiscalía ha reaccionado (aunque algo tarde) porque los psicólogos que lo tratarion aseguran que tiene un alto riesgo de reincidencia, es decir, no está rehabilitado. Es lo que puede pasar cuando sueltas a un reincidente no rehabilitado como éste. Las más de 40 violaciones las cometió 10 días después de quedar en libertad por una condena anterior de 7 años, también por violación. Lo que la Fiscalía demandaba es que se aplicara al violador la doctrina Parot, según la cual los beneficios penitenciarios se aplican a cada una de las penas impuestas en vez de al límite máximo de estancia en prisión, en su caso 20 años. La doctrina Parot es perfectamente democrática y asumible. Establecida por el Tribunal Supremo para evitar que el etarra condenado por 82 asesinatos saliese en libertad tras cumplir sólo 20 años en prisión, ha sido ya aplicada a un delincuente común, Gustavo Romero, condenado por tres asesinatos y también agresiones sexuales. Curiosamente, la argumentación utilizada entonces por el Alto Tribunal es perfectamente aplicable ahora, y es que «hay razones de prevención de los delitos y razones de justicia que son también funciones legítimas de las penas». Nuestro sistema judicial y penitenciario pone un énfasis exagerado, mayor que el de los países de nuestro entorno, en la reinserción de los criminales sin preocuparse de si realmente están rehabilitados, por lo que debería ir acompañado de una evaluación realista sobre las intenciones y posibilidades de que el condenado que va a quedar libre se reinserte. Nada indica que el violador del Valle de Hebrón sea uno de ellos. Durante su estancia en prisión, Rodríguez Salvador consiguió redimir hasta 1.341 días de su condena mediante la práctica del yoga, las clases de defensa personal, partidos de fútbol, así como trabajos en la lavandería, la cocina y la propia enfermería de la cárcel. Este destino precisamente, ordenanza de enfermería es uno de los más cotizados entre los internos: «Para un violador es una bicoca porque los internos no saben lo que ha hecho y le dejan tranquilo. Además, es un puesto de los llamados de máxima redención porque se supone que es muy duro. Con el código antiguo, los jueces pueden descontar hasta 45 días de condena por trimestre. Gracias a este sistema, los dos polémicos violadores [Salvador y Singul] se han ahorrado cumplir ocho años de condena», asegura un funcionario de la cárcel de Quatre Camins, que les conoce bien. Sigue leyendo pinchando aquí
[...] Gabriel Cisneros, delegado que fue incluso de la Juventud, el rescoldo de la antigua Organización Juvenil Española,[...] había caído en la cuenta antes de muchos otros que el franquismo en el que se había deslizado tibiamente se agotaría con la misma vida del general. Y estaba en la lucha por ello. Dos años antes de que Franco agonizara en la Paz, había redactado para el presidente del Gobierno de la época, Carlos Arias Navarro, el famoso discurso del 11 de febrero, una oración reformista que el propio Arias Navarro, según confesión posterior, no había tenido ocasión de leer antes de entonarlo solemnemente. Quizá por eso lo aceptó: era la conclusión de un régimen autoritario y el comienzo de otro muy diferente. Gabriel Cisneros tiró ahí de inteligencia retórica hasta el punto de que los analistas de entonces se volvieron literalmente locos para descifrar algunas de las frases mas emblemáticas del discurso. Cisneros siempre se rió de ello. [...] Sigue leyendo a Carlos Dávila en La Razón
Está considerado «el crimen más vil de la historia penal española». No faltan argumentos que sustenten esta afirmación. A Sandra Palo Bermúdez, una chica de 22 años, getafense y con una pequeña discapacidad psíquica, la raptaron, la violaron tres personas, la atropellaron 15 veces y la quemaron con gasolina cuando aún le quedaba vida.
Lo que hicieron aquella noche no fue, ni mucho menos, una experiencia totalmente nueva para esta banda. Los cuatro acumulaban ya entonces alrededor de 700 denuncias. Cada vez que se le detenía, «Rafita» pasaba por una puerta y salía por otra. En los centros, cuando llegaba, preguntaba qué había de cenar, y, si no le gustaba, se iba. «Cuando le juzgaron por lo de mi hija, el padre [de Rafita] acababa de salir de prisión» por un delito de sangre, comenta María del Mar Bermúdez, madre de Sandra. El historial delictivo de este chaval comenzó a los 7 años. Con esa edad ya se dedicaba a los tirones. A los 11 años, pertenecía a la llamada «banda del chupete», bastante conocida: rompían farolas, robaban, quemaban coches en los garajes de Alcorcón. ABC ya daba cuenta, ocho meses antes del asesinato de Sandra, de las tropelías de «Rafita» y sus hermanos. Cuando sólo tenía 13 años, al homicida no se le ocurrió otra cosa que, como un francotirador, disparar desde su casa con una escopeta de perdigones sobre un hombre y una mujer, a los que hirió. Pero «Rafita» no cejaba en su empeño de causar el mal. Cometió varios intentos de agresión sexual, y se dio a la moda del «alunizaje» en escaparates de comercios.
Los informes técnicos que obran en poder del juez indican que su conducta sólo ha avanzado en dos aspectos: se lava y tiene interés por la carpintería. Por lo demás, se le aprecian accesos de ira, egocentrismo, inadaptación, hostilidad, marginalidad crónica, bajo autocontrol… y ha acumulado varias sanciones por agresión.
Dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fueron sorprendidos la noche de este miércoles por los escoltas del presidente de Endesa, Manuel Pizarro, cuando estaban vigilando su domicilio, lo que dio lugar a un incidente, según informa EL MUNDO.
Los guardaespaldas de Pizarro hicieron una fotografía a un vehículo que observaron en las cercanías de la casa del presidente de Endesa, tras sospechar de él. Entonces descendieron del vehículo dos personas, que se identificaron como miembros del CNI y exigieron la entrega de la cámara de fotos.
Se produjo un altercado que se saldó con la llegada de la Policía, que finalmente abrió un atestado y trasladó a todos los implicados a la comisaría para que prestasen declaración. Según fuentes cercanas al presidente de Endesa, la fotografía tomada por los guardaespaldas era para llevarla al día siguiente a la Policía.
Veo la foto y la noticia de que el partido político de la banda asesina con otro nombre ha ganado la partida al gobierno. Quiero decir que el gobierno se arrodilla y decide que es mejor poner la otra mejilla de los muertos que perder las próximas elecciones.
Aquí es donde me entran ganas de vomitar.
Al atardecer se pasea el nazietarra De Juana. Da la impresión de que hasta el paisaje es etarra y nazi a su alrededor. Irati a su lado sonríe y sortea los charcos de sangre pizpireta y patriótica.
El alcalde socialista de Foz, José María García Rivera, redobló ayer su desafío a las directrices urbanísticas de la Consellería de Política Territorial. Tras negarse a anular 40 licencias para construir 1.350 viviendas, por las que la Xunta ha entablado un proceso contencioso-administrativo, el alcalde reunió a su junta de gobierno y acordó convalidar esos permisos para dotarlos de “seguridad jurídica”. “Hoy es un día grande para el equipo de gobierno”, proclamó un exultante García Rivera, enfrentado a una consellería dirigida por sus compañeros del PSdeG.
El alcalde recurrió a la ley que regula el régimen jurídico de las administraciones públicas para convalidar unas licencias que Política Territorial considera “nulas de pleno derecho”. El artículo 67 de la citada ley, según explicó el alcalde basándose en informes del secretario municipal y de una consultoría externa, establece que las administraciones pueden convalidar los actos anulables “subsanando los vicios de que adolezcan”. Las licencias fueron otorgadas en una comisión de gobierno celebrada el 29 de marzo de 2006, justo unos días después de que se hubiera acordado la suspensión de permisos de construcción para evitar, según Rivera, la presión urbanística sobre este municipio. La Dirección Xeral de Urbanismo sostiene que se infringió el ordenamiento jurídico e instó al ayuntamiento a decretar a su nulidad.
Desde el primer momento, el alcalde tan sólo admitió la existencia de un error administrativo que se comprometió a subsanar, aunque nunca decretó la nulidad interesada por Urbanismo, con lo que se llegó al contencioso planteado por la Xunta. Mientras tanto, la mayor parte de las construcciones continuaron adelante. Pero el quipo de gobierno, con mayoría socialista, esperó a que concluyera el plazo de suspensión de licencias y convocó para ayer una junta de gobierno extraordinaria en la que acordó la “convalidación” de los actos anulados, que, dijo el alcalde, “eran anulables, pero nunca nulos de pleno derecho”. Política Territorial no quiso pronunciarse sobre la decisión del gobierno local de Foz a la espera de recibir oficialmente el acuerdo de convalidación.
García Rivera espera ahora que la Administración autonómica no continúe con el contencioso y presumió de que su forma de gobernar es “transparente y ética”. Entre las licencias convalidadas se encuentran las que autorizan un hotel de 14 habitaciones propiedad de la familia del alcalde. En este caso, Rivera exhibió el acta donde se recoge que se “ausentó y abstuvo” de la votación. “Estaría preocupado”, señaló el alcalde, “si me hubiera otorgado licencias como hicieron alcaldes del PP”. “El Partido Popular”, añadió, “tiene problemas con el urbanismo por todas partes, y se dedica a atacar a un ayuntamiento como el de Foz por un simple error administrativo”.
Rivera no se quedó ahí y aprovechó para anunciar que el próximo 26 de abril se celebrará un pleno para aprobar inicialmente el plan general de ordenación municipal, que será, dijo, “el primero que se aprueba en A Mariña”.
Precisamente en otro municipio de esa comarca de la costa de Lugo, Viveiro, el grupo municipal popular presentó ayer una denuncia en el juzgado de lo penal contra la junta de gobierno, que integran PSdeG y BNG y preside el socialista Melchor Roel, por una supuesta prevaricación urbanística. El encargado de formalizar la denuncia fue el portavoz y senador popular, César Aja, quien afirmó que este ayuntamiento otorgó cinco licencias para construir unas 300 viviendas por “silencio administrativo” en una comisión de gobierno celebrada el 26 de septiembre de 2006.
Aja y los servicios jurídicos del PP sostienen que se trata de licencias que se otorgaron pese a contar con “informes contrarios”, tanto jurídicos como técnicos y de patrimonio, con lo que, indicó, “contravienen toda la normativa, tanto estatal como autonómica”.
El portavoz del PP justificó la iniciativa judicial ante la inhibición de la Consellería de Política Territorial y la Dirección Xeral de Urbanismo, a las que se informó de todas las incidencias en el pasado mes de febrero. Las cinco licencias se ubican en la zona de Cobas, la de mayor expansión urbanística de Viveiro en los últimos años, y una de las edificaciones, con unas 100 viviendas, está, según Aja, a punto de concluir.
El Congreso de los Diputados recomienda que no se regularice la prostitución en España, según el borrador del dictamen final de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, que ha estudiado de forma específica este asunto. Ese informe final, al que ha tenido acceso la Cadena SER, propone reforzar las medidas contra las mafias y reclama a los periódicos que supriman los anuncios de contactos. A las 11.00 horas se reúne esta comisión, creada tras la polémica que suscitó la iniciativa del Gobierno tripartito catalán (PSC-ERC-IC) de regular la prostitución voluntaria, para estudiar una solicitud de prórroga de los trabajos de la ponencia.
¿Estaría usted dispuesto a entregar al Estado la mitad de su sueldo a cambio de una mejor consideración social? Este es el dilema al que parecen enfrentarse hoy las prostitutas holandesas, a las que el gobierno ha ofrecido “legalizar” su situación. Las ventajas de estar en la economía formal e integrarse en la seguridad social son evidentes. También lo es, sin embargo, su contrapartida: quienes digan que sí, serán ciudadanas con todos sus derechos; pero tendrán que pagar impuestos. Y esto significa, en un país cuya presión fiscal es una de las más elevadas del mundo, que la renta disponible de las prostitutas que acepten la propuesta se reducirá sustancialmente. No es extraño, por tanto, que de las aproximadamente treinta mil profesionales, que se supone que existen en los Países Bajos, sólo algo más de novecientas -es decir, poco más del tres por ciento- hayan dado el paso adelante.
No hay razón alguna para pensar que, en sus decisiones económicas, las prostitutas vayan a comportarse de una manera sustancialmente diferente que los abogados, los fontaneros o los catedráticos de universidad. Aquéllas, como éstos, preferirán ocultar al fisco sus ingresos, siempre que el beneficio esperado de hacerlo supere a la sanción que pueden recibir, multiplicada por la probabilidad de que su evasión sea detectada y castigada.
Y uno de los aspectos diferenciales importantes de la actividad de las prostitutas constituye un incentivo más para no declarar. Mientras, por ejemplo, un catedrático distribuye sus ingresos a lo largo de su ciclo vital de una manera bastante equilibrada, con una suave tendencia al crecimiento a medida que pasan los años, una prostituta obtiene sus mayores ingresos cuando es joven. La razón es obvia. Si no resulta fácil enseñar química orgánica o contratos bancarios cuando se tiene veinte años, tampoco parece sencillo conseguir una demanda elevada de servicios sexuales cuando se tiene, por ejemplo, sesenta. Y esto significa que, con un impuesto sobre la renta fuertemente progresivo, la presión fiscal soportada por una prostituta será mayor que la que soporte un catedrático cuyos ingresos, a lo largo de todo su ciclo vital, sean similares.
Resulta coherente con sus intereses, por tanto, el comportamiento de las profesionales del sexo holandesas. Y no por la naturaleza especial de su trabajo, sino por una simple cuestión de lógica económica. En este sentido, su actitud demuestra bastante más sentido común que la de quienes lanzaron a bombo y platillo su plan de integración social.
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Es contrario a varios artículos de la Constitución y entra en colisión con los derechos laborales, según el Informe final de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer.
El Congreso de los Diputados recomienda que no se regularice la prostitución en España, según el borrador del dictamen final de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, que ha estudiado de forma específica este asunto. Ese informe final, al que ha tenido acceso la Cadena SER, propone reforzar las medidas contra las mafias y reclama a los periódicos que supriman los anuncios de contactos. A las 11.00 horas se reúne esta comisión, creada tras la polémica que suscitó la iniciativa del Gobierno tripartito catalán (PSC-ERC-IC) de regular la prostitución voluntaria, para estudiar una solicitud de prórroga de los trabajos de la ponencia.
¿Estaría usted dispuesto a entregar al Estado la mitad de su sueldo a cambio de una mejor consideración social? Este es el dilema al que parecen enfrentarse hoy las prostitutas holandesas, a las que el gobierno ha ofrecido “legalizar” su situación. Las ventajas de estar en la economía formal e integrarse en la seguridad social son evidentes. También lo es, sin embargo, su contrapartida: quienes digan que sí, serán ciudadanas con todos sus derechos; pero tendrán que pagar impuestos. Y esto significa, en un país cuya presión fiscal es una de las más elevadas del mundo, que la renta disponible de las prostitutas que acepten la propuesta se reducirá sustancialmente. No es extraño, por tanto, que de las aproximadamente treinta mil profesionales, que se supone que existen en los Países Bajos, sólo algo más de novecientas -es decir, poco más del tres por ciento- hayan dado el paso adelante.
No hay razón alguna para pensar que, en sus decisiones económicas, las prostitutas vayan a comportarse de una manera sustancialmente diferente que los abogados, los fontaneros o los catedráticos de universidad. Aquéllas, como éstos, preferirán ocultar al fisco sus ingresos, siempre que el beneficio esperado de hacerlo supere a la sanción que pueden recibir, multiplicada por la probabilidad de que su evasión sea detectada y castigada.
Y uno de los aspectos diferenciales importantes de la actividad de las prostitutas constituye un incentivo más para no declarar. Mientras, por ejemplo, un catedrático distribuye sus ingresos a lo largo de su ciclo vital de una manera bastante equilibrada, con una suave tendencia al crecimiento a medida que pasan los años, una prostituta obtiene sus mayores ingresos cuando es joven. La razón es obvia. Si no resulta fácil enseñar química orgánica o contratos bancarios cuando se tiene veinte años, tampoco parece sencillo conseguir una demanda elevada de servicios sexuales cuando se tiene, por ejemplo, sesenta. Y esto significa que, con un impuesto sobre la renta fuertemente progresivo, la presión fiscal soportada por una prostituta será mayor que la que soporte un catedrático cuyos ingresos, a lo largo de todo su ciclo vital, sean similares.
Resulta coherente con sus intereses, por tanto, el comportamiento de las profesionales del sexo holandesas. Y no por la naturaleza especial de su trabajo, sino por una simple cuestión de lógica económica. En este sentido, su actitud demuestra bastante más sentido común que la de quienes lanzaron a bombo y platillo su plan de integración social.
El sábado 21 de Junio de 2003 publiqué en Libertad Digital este artículo, que no debo alterar ni en una coma. Permítanme reproducirlo íntegro.
Lo del fiscal Bermejo metiéndose a averiguar –o a fingir que averigua– irregularidades urbanísticas en Alcorcón denunciadas por la SER no es, aun siéndolo, un escándalo. Es la simple confirmación de la existencia de un auténtico Partido Fiscal o de algo parecido a una agrupación paralegal de fiscales dispuesto a violentar todas las leyes y todas las éticas para ayudar al PSOE a encubrir sus vergüenzas. El fiscal Bermejo (o sea, rojo, en castizo) ya acreditó en la Edad de Oro de la corrupción felipista su capacidad de entender las necesidades del progresismo español. Tras estallar el Caso Ibercorp, Felipe González anunció ante las cámaras de TVE que “ponía la mano en el fuego” por Mariano Rubio, el hombre que en su calidad de Gobernador del Banco de España firmaba los billetes. Se quemó de forma gravísima, si no en lo físico, en lo político. Y allí acudió Bermejo. En una operación fulgurante, Mariano Rubio entró en la cárcel justo a tiempo de salir en el telediario de las tres. Luego, salió, todos salían, pero la operación de fingir que González luchaba heroicamente contra la corrupción salió adelante.
La necesidad que tienen los socialistas de disimular la corrupción que reina en sus filas se ha acrecentado y acelerado en la Comunidad de Madrid por el episodio de los dos diputados rebeldes elegidos en la lista de Simancas. Por eso se han dirigido al Tribunal Superior de Justicia madrileño para que se cargue todo el ordenamiento legal y cualquier garantía constitucional encarcelando a los disidentes y privándoles el acta de diputados. Sin embargo, lo que en cualquier magistrado y en cualquier fiscal decente produciría sonrojo o consternación, puesto que se quiere utilizar a la Justicia contra la Ley al servicio de oscuros intereses partidistas, ha excitado el celo del fiscal Bermejo. No sorprende, pero alarma. Después de la asombrosa petición del tío de Trinidad Jimenez, aún fiscal general anticorrupción, de aterrizar en el caso que perjudica a su sobrina carnal, llega el fiscal Bermejo a ilustrarnos sobre el uso alternativo del Derecho. Que es, esencialmente, torcido.
¿Y cómo nos podemos defender los ciudadanos del Partido Fiscal?
Casi cuatro años después, debo constatar que con el PSOE todo es repetible en peor, o sea, ineluctablemente empeorable. Con este sectario exhibicionista en el Ministerio de Justicia podemos tener la seguridad de que la media España de derechas se coloca en estado de sitio o persecución. Cándidos y Bermejos competirán en el uso alternativo del Derecho, para torcerlo del todo. Lo único bueno que puede decirse de un ministro o alto cargo zapaterista es que el sucesor lo hará bueno. Fíjense en López Garrido con respecto a Rubalcaba. Con semejante sucesor, podemos echar en falta a López Aguilar, alias Sorrocloco I. Encima, como Bermejo ya quiso empapelar a Michavila y es hombre de ideas fijas, es de temer que Shakira no vuelva a actuar en España. Las desgracias nunca vienen solas.
Mariano Fernández Bermejo será el nuevo ministro de Justicia en sustitución de López Aguilar. También conocido como el “fiscal anti-PP” fue nombrado por Conde Pumpido en 2004 fiscal jefe de lo contencioso-administrativo del Supremo en contra de la mayoría del Consejo Fiscal. Antes, entre 1992 y 2003, fue fiscal jefe del TSJ de Madrid. En esa época adquirió notoriedad por admitir su sectarismo públicamente pese a ejercer de fiscal: “Soy de izquierdas y como tal actúo”. En 2003 fue expedientado por filtrar una querella a El País y la Cadena Ser, relacionada precisamente con el caso Tamayo-Sáez en la Asamblea Madrid, siendo él uno de los favoritos para entrar en el frustrado Gobierno de Simancas.
Aunque la cualidad exigible a todo jurista es la independencia, el fiscal Mariano Fernández Bermejo no dudó en definirse como “hombre de izquierdas” en unas declaraciones efectuadas a la cadena COPE. Después, añadió lo más preocupante: “y como tal actúo”. Miembro de la Asociación Progresista de Fiscales y de 58 años de edad, Fernández Bermejo coincidió en los años ochenta con María Teresa Fernández de la Vega en el equipo del primer ministro de Justicia de Felipe González, Fernando Ledesma.
Poco antes de su relevo en la fiscalía madrileña, Bermejo protagonizó un nuevo escándalo. El entonces ministro de Justicia, José María Michavila, criticó la actitud de Bermejo en el arranque de los juicios rápidos. Ocurrió el 29 de marzo de 2003. En conferencia de prensa conjunta con el ex ministro del Interior, Ángel Acebes, Michavila, preguntado por los fallos informáticos detectados en Madrid en el arranque de este procedimiento, dijo que Fernández Bermejo “se ha manifestado en rebeldía” en la aplicación de la ley y no dudó en que hará “todo lo posible” para que “falle todo”. Bermejo se había pronunciado sobre la ley y el CGPJ le abrió diligencias por cuestionar una materia legislativa.
La reacción del fiscal fue presentar una denuncia –lo anunció en la cadena SER– contra el entonces ministro por “mentir gravemente”. Ya en el Supremo –tribunal al que ahora llega Bermejo–, Michavila sostuvo sus declaraciones sobre el Fiscal y auguró que la querella carecía de todo fundamento. Así fue. El tribunal no apreció vulneración alguna y absolvió al ex ministro.
Nombrado por Conde Pumpido, sin el apoyo del Consejo Fiscal El nuevo cambio de Gobierno y la vuelta de los socialistas en 2004 propició otro movimiento en la carrera de Fernández Bermejo. En junio de ese año, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, decidió proponerle como nuevo fiscal de Sala jefe de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El acuerdo se produjo pese a que Fernández Bermejo no ganó en el Consejo Fiscal la votación para el puesto. El ex fiscal jefe de Madrid consiguió cuatro de los 12 votos del Consejo, tres de su asociación y el de Conde Pumpido.
Según argumentó entonces la Fiscalía General, Conde Pumpido decidió proponer a Fernández Bermejo porque ya había estado varios años en el Tribunal Supremo y porque ostentó la Jefatura de la Fiscalía de Madrid, que es la más amplia de todo el Ministerio Público. Recordó también que el Consejo Fiscal tiene un carácter consultivo, pero no vinculante. Eso sí, desde el PP aquel nombramiento fue considerado un ejemplo de “politización” de la Justicia y a partir de ahí los ‘populares’ acusaron a Conde Pumpido de colocar a “sus amigos” en los puestos clave del Ministerio Público.
Los compañeros de viaje de Zapatero Mariano Fernández Bermejo se ha significado por sus declaraciones contra los populares. También por reconocer su sectarismo pese a que ejercía como fiscal. Llegó a decir, refiriéndose al PP, que “tras luchar contra los padres” en la Guerra Civil “ahora nos toca luchar contra los hijos”. Fue además, el fiscal que filtró a los medios de Prisa una querella sobre el caso Tamayo-Sáez. Por entonces, su nombre sonaba como posible consejero del frustrado Gobierno de Simancas. La filtración le costó un expediente.
“El rencor, el odio y lo que representa la división y el enfrentamiento, olvidados entre los españoles hasta que llegó Zapatero sigue anidando en algunas personas, pocas, y son de las que se rodea Zapatero para continuar con su proyecto”, ha denunciado Acebes. Insistía en que el presidente se hace acompañar de “gente que lleva el germen del rencor, el enfrentamiento”.
En el caso de Fernández Bermejo, señalaba, lo ha demostrado en episodios “muy peligrosos”. En este punto Acebes ha recordado las declaraciones sobre los GAL del que será nuevo ministro de Justicia. Dijo que la persecución y el enjuiciamiento de los GAL fue “un acto de hipocresía colectiva”. También han sido polémicos sus pronunciamientos sobre ETA y la lucha judicial para acabar con el terrorismo. El dirigente del PP le recuerda “como uno de los que mayor oposición, y más radical, presentó contra la legislación que iba a terminar y terminó con el terrorismo callejero”. “Los obstáculos más graves fueron del nuevo ministro, lo que nos espera…”, se lamentaba.
[…] Porque ésa es otra de las derivadas de esta polémica: que desde Cataluña se considera intolerable que nada menos que una cuerda de jueces vayan a enmendar -o no- un Estatuto que ya ha sido refrendado por el pueblo. Y a ver quién y por qué se atreve a torcer nada menos que la voluntad popular, por mucho que esa voluntad haya sido la del 74% de tan sólo el 48,8% de los catalanes con derecho a voto que se molestaron aquel día de junio en acudir a las urnas. Es decir, que estaríamos ante una pregunta con respuesta pagada: usted no puede meter tijera a un texto, aunque la ley se lo encomiende, porque el pueblo ya lo ha hecho suyo. Conclusión de esta advertencia hecha por Ernest Benach, de ERC y por Artur Mas, de CiU: el TC no tiene nada que decir, ya no puede decir nada. Sobre todo si no tenemos asegurado que vaya a decir amén.
Independientemente de otras consideraciones, este comentario, que nos anuncia el formidable problema político que estallaría en España si hay un revolcón serio a un texto elaborado desde la ignorancia olímpica de la opinión del PP, evidencia otro de los grandísimos errores cometidos: el haber convocado el referéndum sin esperar a que el Constitucional se pronunciase antes sobre el Estatuto. O, visto de manera más maligna pero mucho más certera, el haberse empeñado en convocar el referéndum antes, precisamente para impedir que el TC se atreviera a pronunciarse negativamente después sobre el Estatuto. […] El Gobierno tiene hoy dos opciones: o aguantarse y asumir el riesgo de que el Estatuto sufra un varapalo, sabiendo que puede que eso no ocurra porque la relación 6-5 no es en absoluto mecánica; o lanzarse a degüello a sacar a Pérez Tremps y provocar un formidable escándalo político, el desprestigio internacional del Tribunal, el del catedrático y el del propio Ejecutivo. Lo primero es probable. Lo segundo sería seguro.
El magistrado que cobró de la Generalidad por un informe a favor del Estatuto no podrá decidir sobre el recurso
Parecía lógico y sin embargo el resultado de la votación del Constitucional ha sido ajustado: 6 votos contra 5. El magistrado PabloPérez Tremps que tenía que votar sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña había redactado un informe jurídico al respecto encargado por la Generalidad y por el que cobró 6.000 euros. Ahora el Tribunal Constitucional ha admitido su recusación. El PP también recusó sin éxito a María Emilia Casas, presidenta del Tribunal, porque su marido participó en el mismo informe. El voto de Casas fue uno de los cinco contrarios a la recusación de Pérez Tremps. El PP y Ciudadanos coinciden en valorar positivamente esta decisión, mientras desde el PSOE, López Garrido ha dicho que es “insólito” y una “gran sorpresa”.
Brindamos todos con entusiasmo por la recusación de Pérez Tremps. Bien, hagámoslo. Pero a mí no deja de inquietarme el panorama que a la luz de este hecho se ha desvelado. Veamos, si en una cuestión absolutamente de manual, para la que no hace falta ser catedrático de derecho constitucional, sino que basta tener dos dedos de frente, se ha rozado el empate, ¿qué nos espera en el debate del estatuto? Un señor que cobra de la Generalitat para redactar un informe que luego es transcrito casi punto por punto en el texto estatutario sobre cuya constitucionalidad él mismo tiene que dictaminar… ¿y aún hay cinco magistrados que votan por su imparcialidad? Dios nos coja confesados. De verdad que ardo en deseos de leer los argumentos de estos cinco jueces. Esto nos pone ante la crudísima realidad (sí, vale: ya lo sabíamos) de la politización extrema del TC, dividido en piezas blancas y piezas negras dispuestas a hacer el trabajo que sus respectivas obediencias políticas les exijan, más allá de cualquier criterio jurídico o de interpretación de la Constitución. Por no hablar de lo que podría pasar si el TC dictamina por tan exigua mayoría que el estatuto de Cataluña es inconstitucional. “Seis jueces contra la voluntad del pueblo de Cataluña” sería lo más suave que leeríamos. Se avecinan tiempos convulsos, pero ahora más que nunca, frente a los nacionalistas resistir es vencer.
Este blog pretende analizar la relación entre los valores cristianos (que defendemos creyentes y no creyentes) y las libertades individual y económica.
